“Reconocemos la atinada decisión de Armando Martínez al denunciar los hechos que derivaron en la demanda de juicio político contra los ex funcionarios del ayuntamiento y que desgraciadamente no pudo prosperar en el Congreso del Estado, debido a que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resulta ya obsoleta y dificulta se configure el Juicio Político”, señaló el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar.
Estela Ponce y los ex funcionarios de su administración deberán responder por los hechos que se le acusa, ante las instancias competentes, además de las denuncias presentadas ante la PGR y que fueron turnadas a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos por desvío de recursos, señaló el líder estatal, apuntando que exigen “a la Procuraduría General de la República, dé respuesta pronta a esta demanda presentada contra la ex alcaldesa; no quisiéramos pensar que la ley se aplica de manera discrecional, o que el PRI-Gobierno protege a través de esta dependencia a sus militantes que cometen actos de corrupción.”
Por lo que respecta a la determinación de Armando Martínez y su equipo de solicitar el juicio político contra los ex servidores públicos municipales, el dirigente estatal señaló que “fue una decisión valiente, ya que lo peor que podría haber hecho era quedarse de brazos cruzados; la administración panista de La Paz está demostrando que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.”
Además, el líder albiazul resaltó que “derivado del análisis realizado de la denuncia de juicio político, los diputados deberán trabajar en la actualización de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de que responda a la realidades de la sociedad actual y permita que quien comete algún ilícito estando en el gobierno pueda ser llevado ante la justicia y repare el daño”, finalizó.
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